Esta comunicación responde a Declaración de la CSI y CSA sobre la situación de Venezuela, que recibimos el 14-7-217, y le hicimos llegar nuestra comunicación en esa misma fecha.
Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow y Secretario General de la CSA, Víctor Báez.
Demás Directivos y afiliados a CSI y CSA
La realidad venezolana es más cruenta que el texto de su Declaración emitida este 14 de Julio y que hemos recibido por esta vía, lo que agradecemos. Sobre el particular, señalamos:
Entre el 6 de Abril y el 10 de Julio han ocurrido 4182 protestas en todo el país, con un saldo de 112 personas asesinadas, incluyen 64 por balas, algunos casos filmados y localizables en web. La segunda causa de muertes en las protestas es por los impactos de las bombas lacrimógenas, ya que son disparadas directamente a los manifestantes. El uso de la fuerza represiva es desproporcionado a las acciones de protesta.
La oposición y otros sectores de la vida venezolana han insistido en la necesidad de la presencia de organismos internacionales para constatar las violaciones de los derechos humanos, y reiteradamente el Gobierno se ha negado a dar las autorizaciones.
Las investigaciones de la Fiscalía del Ministerio Público el Gobierno las elude, utilizando el Tribunal Supremo de Justicia, que atiende exclusivamente los intereses del Gobierno, nunca ha emitido una sentencia que lo contrarie, ha venido emitiendo a lo largo de esta reciente etapa de protestas sentencias para excluir a este poder público - Fiscalia- de las investigaciones; en algunos casos pasándole las investigaciones a la Justicia Militar y en otros ampliando las facultades de la Defensoría del Pueblo, órganos que se han comportado con una fidelidad que atenta a principios de la autonomía de los poderes públicos, por su dependencia del Gobierno. Adicionalmente este ha puesto en ejercicio un llamado Plan Zamora que somete a los civiles a la justicia militar, que ha cometido excesos y arbitrariedades cuyo conocimiento están vedados a todos los órganos a los cuales los ciudadanos pueden apelar.
El movimiento de los trabajadores, dividido entre sindicatos influenciados por el Gobierno y otros opositores o independientes, todos han visto el desmejoramiento de las condiciones de trabajo y las crecientes dificultades para el ejercicio de la actividad sindical. Múltiples han sido las denuncias sindicales presentadas ante la OIT, y el gobierno hace caso omiso a los pronunciamientos de las diversas instancias de este organismo.
El papel de organismos internacionales de los trabajadores como la CSI y la CSA es observado y seguido por las organizaciones de los trabajadores del país, así como las instituciones académicas y aspiran la mayor objetividad en sus pronunciamientos.
Igual hemos visto que la CSA de reciente constitución se ha dividido, lo cual lamentamos, pero este fenómeno no es ajeno a la manera como se trata y aborda la situación política laboral de Venezuela.
Agradeciendo vuestra atención y reiterando lo urgente para nuestra sociedad y los trabajadores en particular, contar con genuinos apoyos que contribuyan a la superación de las dificultades que nos aquejan y por las cuales luchamos.
Héctor Lucena
Afiliado a la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo
Profesor de Relaciones de Trabajo.
